lunes, 30 de agosto de 2010

La Ley de Servicios de Pago tranquiliza a los consumidores más exigentes en materia de seguridad bancaria

Hace unos meses, cuando fue aprobada por las Cortes Generales, recibió el rechazo de todos los sectores afectados: entidades, asociaciones de consumidores y comerciantes. Lo que yo quiero defender en este artículo es que esta Norma nos viene muy bien a los particulares, pese a quien pese.

En su articulado, limita la responsabilidad del ordenante de operaciones (al ejecutar una transferencia, instar un pago con una tarjeta de crédito) a un máximo de 150 € hasta el momento en que se denuncia el robo o extravío de sus credenciales ante la entidad emisora. Obviamente, esta limitación no es aplicable en casos de negligencia o dolo, lo cual siempre requiere una interpretación; pero al menos aleja el fantasma de que "de un golpe" puedan vaciarte la cuenta bancaria en su totalidad.

Hasta el momento, esta circunstancia venía recogida en el código de buena conducta del sector bancario europeo, pero no en una norma consistente. Es por ello que esta cláusula se fue incorporando poco a poco a algunos contratos entre entidades y clientes conforme éstos se iban renovando para cada producto; hasta que finalmente se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español la correspondiente directiva europea.

Seguramente, esta garantía no será valorada por el conjunto del colectivo consumidor, para quienes asumir el riesgo que ahora se limita se había convertido en una práctica no discutida. ante la dificultad y poca probabilidad de sufrir un robo semejante. Me cuesta creer que en lugar de apreciar esta garantía, o en lugar de haber luchado por extenderla y reforzarla, reduciendo el margen interpretativo, el debate se haya quedado en las posibles comisiones a aplicar en los comercios por el pago con tarjeta; que en el fondo es algo que no debería extrañarnos demasiado.

Por otra parte, y sin duda alguna, la Banca estará más contenta con esta Ley por otros motivos, ya que -a estas alturas- a nadie se nos pasa por la cabeza la posibilidad de que el Estado pueda sacar adelante una Ley con la oposición activa de dicho sector.

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